La politización de la justicia

22/2/2026 ― La justicia en España lleva años siendo objeto de una fuerte crítica social. La desconfianza ciudadana hacia las instituciones judiciales no surge de la nada: se ha ido gestando durante décadas de escándalos políticos, bloqueos institucionales y decisiones controvertidas.

Durante los gobiernos de Partido Popular y Partido Socialista Obrero Español, el debate sobre la independencia judicial se ha intensificado. El órgano clave en esta cuestión es el Consejo General del Poder Judicial ―CGPJ―, encargado del gobierno de los jueces. Su sistema de elección ―donde los vocales son designados por el Parlamento― ha sido criticado por favorecer la politización del órgano.

La justicia en España: ¿crisis estructural o percepción social?

Los pilares fundamentales de un Estado democrático de derecho son la división de poderes: judicial, legislativo y ejecutivo. Estos tres órganos deben ser independientes y autónomos para garantizar el control recíproco, evitar abusos de autoridad y proteger la libertad política. Es responsabilidad de la sociedad civil vigilar que esto se cumpla incondicionalmente.

Otros temas sobre la justicia:

El caso Garzón y la imagen de imparcialidad

Uno de los episodios que más dañó la percepción de neutralidad judicial fue el del magistrado Baltasar Garzón. En 2009 salió a la luz que había coincidido en una cacería con el entonces ministro de Justicia Mariano Fernández Bermejo mientras se instruía el caso Gürtel. La polémica provocó la dimisión del ministro. Aunque jurídicamente no se probó delito por ese hecho concreto, el daño reputacional fue evidente: la justicia no solo debe ser imparcial, también debe parecerlo.

Posteriormente, Garzón fue suspendido y finalmente inhabilitado por el Tribunal Supremo en 2012 por un caso de escuchas ilegales en el marco de la investigación Gürtel. Sus defensores hablaron de persecución; sus detractores, de vulneración grave de garantías procesales.

El caso Gürtel y la corrupción sistémica

El llamado Caso Gürtel destapó una trama de corrupción vinculada al Partido Popular. La sentencia de 2018 confirmó la existencia de una «caja B» en el partido y precipitó la moción de censura que llevó a la caída del gobierno de Mariano Rajoy.

Este caso reforzó en la opinión pública la sensación de que la corrupción política era estructural, pero también mostró que los tribunales podían condenar a dirigentes poderosos. Para algunos, prueba de que la justicia funciona; para otros, evidencia de que el sistema político está profundamente degradado.

El procés y la politización del conflicto catalán

Otro momento clave fue el juicio a los líderes independentistas por el referéndum del 1 de octubre de 2017. El proceso fue llevado por el Tribunal Supremo y terminó con condenas por sedición y malversación en 2019. Posteriormente, el gobierno de Pedro Sánchez concedió indultos parciales en 2021.

Para unos, las condenas demostraron que el Estado de Derecho actúa ante la ruptura del orden constitucional. Para otros, el juicio tuvo una fuerte carga política. Más tarde, la reforma del delito de sedición volvió a reabrir el debate sobre la separación de poderes.

El bloqueo del CGPJ

Desde 2018 hasta 2024, el CGPJ permaneció con el mandato caducado por la falta de acuerdo entre PP y PSOE para su renovación. Esta situación fue criticada incluso por la Comisión Europea, que instó a España a despolitizar el sistema de elección de los jueces. El bloqueo institucional dañó gravemente la imagen de independencia del poder judicial.

¿Está la justicia «destrozada»?

La realidad palpable es que el PSOE y PP han intentado a lo largo de la democracia durante sus alternancias de poder construir una justicia a su conveniencia.
No obstante, España aún no es formalmente una «democracia fallida». Según rankings como los de The Economist ―Democracy Index―, España suele aparecer como «democracia plena o imperfecta», pero dentro del entorno europeo occidental. Sin embargo, eso no significa que no existan problemas serios:

Politización del órgano de gobierno de los jueces.
Lentos tiempos judiciales.
Percepción social de trato desigual según poder económico o político.
Indultos y reformas penales interpretadas como estratégicas.
Puertas giratorias entre política y justicia.

La misión de los jueces: interpretar la ley, no reinterpretar la realidad

La función esencial de un juez en un Estado de Derecho es clara: aplicar e interpretar la ley conforme al ordenamiento jurídico vigente. El juez no está para legislar, ni para hacer política, ni para ajustar la norma a su ideología personal. Está para resolver conflictos conforme a Derecho.

La interpretación jurídica es inevitable. Ninguna ley puede prever todos los matices de la realidad, y ahí entra la labor técnica del juez. Pero interpretar no significa reinventar. Cuando ante hechos prácticamente idénticos se dictan resoluciones radicalmente opuestas, el ciudadano deja de percibir seguridad jurídica y empieza a percibir arbitrariedad.

El principio de seguridad jurídica ―recogido en el artículo 9.3 de la Constitución― exige previsibilidad. El ciudadano debe poder anticipar las consecuencias legales de sus actos. Si una conducta puede ser considerada «blanca» por un juzgado y «negra» por otro, no estamos ante diversidad interpretativa razonable, sino ante una grieta estructural.

Y aquí aparece una expresión que debería alarmar a cualquier demócrata: «nos ha tocado un juez progre» o «nos ha tocado un juez conservador». Que en el ámbito jurídico se hable en esos términos demuestra que la percepción de sesgo ideológico está normalizada. No se habla de «nos ha tocado un juez riguroso» o «garantista», sino de etiquetas políticas.

Hablamos sobre las libertades en España ― Hubo una época que la libertad en España se resumía solo a poder opinar en política, en cambio en la actualidad podemos expresar nuestros pensamientos, pero todos los demás aspectos de nuestra vida los tenemos censurados.

Un juez puede tener ideología, como cualquier ciudadano. Lo preocupante no es que la tenga, sino que influya en sus resoluciones. La justicia no puede depender del azar del reparto, ni de la orientación ideológica del magistrado asignado. Si eso ocurre, la igualdad ante la ley deja de ser un principio real y pasa a ser una declaración retórica.

La credibilidad del sistema judicial no se destruye únicamente por la corrupción; también se erosiona cuando la ciudadanía percibe que el resultado de un procedimiento depende más de quién juzga que de lo que se juzga.